Como excepción la ley permite al acreedor presentar la solicitud sin la intervención de abogado y procurador.
No obstante, salvo que el deudor pague al
recibir el requerimiento del juzgado, para cualquier otro trámite son
obligatorios (siempre que la deuda sea superior a 900€).
Ello sin olvidar las
ventajas de contar con asesoramiento profesional desde el inicio de la gestión
de cobro de cara a tener una estrategia global del asunto.
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